La Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una decisión importante que amplía significativamente el poder del Gobierno de Donald Trump para actuar contra los inmigrantes que tienen residencia permanente, comúnmente conocida como green card.
Con una votación de 6-3, el tribunal más alto del país determinó que los oficiales fronterizos pueden someter a los residentes legales a un "parole de inmigración" simplemente basándose en la sospecha de que hayan cometido un delito, lo que facilita su posterior expulsión.
La sospecha de actividad delictiva acelera las deportaciones
Según un informe de la agencia Associated Press (AP), esta controversia legal surgió a raíz del caso de Muk Choi Lau, un residente permanente que, al regresar de un breve viaje a China, fue colocado bajo un estatus de libertad condicional migratoria por oficiales fronterizos debido a acusaciones de falsificación de ropa.
Aunque la defensa de Lau argumentó que los agentes habían sobrepasado sus funciones antes de que hubiera una condena formal, el tribunal desestimó este argumento.
En la opinión mayoritaria, escrita por el juez conservador Clarence Thomas, se establece que los agentes fronterizos no tienen que demostrar con pruebas claras y contundentes que el residente cometió un delito de bajeza moral en el momento de la inspección inicial.
Esto le da al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una discrecionalidad casi total para iniciar procesos de deportación rápidos si hay indicios de actividad criminal.
Alertas de un "cheque en blanco" para el Poder Ejecutivo
Por otro lado, la decisión generó fuertes críticas internas dentro del propio tribunal. De acuerdo con el dictamen disidente emitido por la jueza progresista Ketanji Brown Jackson —al cual se unieron sus dos colegas liberales—, la postura de la mayoría condena a los inmigrantes a un "limbo migratorio" peligroso, incluso antes de ser declarados culpables por un tribunal de justicia.
"Me preocupa que la Corte le haya entregado al Gobierno un enorme cheque en blanco", advirtió la jueza Jackson en su enérgico pronunciamiento de desacuerdo.
Un impacto directo en la estrategia migratoria de Trump
Este fallo judicial representa una victoria masiva para la actual administración estadounidense, la cual presiona activamente en las cortes federales para expandir los límites del control fronterizo y la soberanía ejecutiva.
Como reporta The Washington Post, los abogados del Estado instaron de forma reiterada a los magistrados a adoptar una visión sumamente expansiva del poder presidencial sobre el control migratorio.
La resolución de la Corte Suprema se suma a un tenso ecosistema legal donde el Gobierno busca además el fin de la ciudadanía por nacimiento y la reestructuración completa de los beneficios de asilo, dejando claro que incluso los extranjeros con estatus legal definitivo se encuentran ahora bajo un escrutinio sin precedentes.
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